Alegaciones contra el proyecto minero en la Campiña Sur

«El pasado día 29 de noviembre, varios ciudadanos de Llerena entre ellos, Javier Nieto concejal de IU en el ayuntamiento de Llerena, hemos presentado alegaciones a los proyectos de investigación minera denominados Odín y Altair, solicitados por Exco Mining, S.L., que pretende estudiar una amplia zona, aproximadamente 90 km2, en los términos municipales de Azuaga, Berlanga, Higuera de Llerena y Maguilla (Badajoz), para la extracción de diferentes minerales, pero especialmente orientados al vanadio.

A nuestro parecer, estos proyectos tienen muchas irregularidades y grandes deficiencia en su tramitación por parte de la administración autonómica.

Posiblemente la mayor irregularidad es que no se hayan sometido a una Evaluación de Impacto Ambiental unos proyectos que, como la propia promotora reconoce, tienen afección directa e indirecta en dos espacios de la Red Natura 2000: las Zonas de Especial Conservación ZEC Río Matachel y ZEC Río Bembézar. También tiene afección al Área de Importancia para Aves IBA Azuaga- Llerena-Peraleda de Zaucejo. Aunque el permiso solicitado es para la investigación de la zona y no para su explotación, su afección a estos espacios hacen necesaria la Evaluación de Impacto Ambiental, no sólo para determinar el impacto que los trabajos de sondeo puedan suponer para la zona, sino también para determinar de antemano si es viable ambientalmente su futura explotación, en caso de que la empresa promotora decidiera acometerla.

Los proyectos presentan otras carencias: las indefinición en las actuaciones que se realizaran en la zona de estudio, las deficiencias en el Plan de Restauración, así como no la acreditación de la solvencia técnica y económica de la empresa, que ni siquiera determina la garantía económica por responsabilidad ambiental que está obligada a establecer. Tampoco hacen un estudio de la afección al sistema económico de las poblaciones del entorno en que se ubiquen.

Por otra parte, la Junta de Extremadura se ha desentendido de sus obligaciones de difusión de la información y de acceso a la participación pública.

No es de extrañar que con estas facilidades las empresas extractivitas fijen sus ojos en los recursos minerales que encierra la tierra extremeña. Realmente la Administración apoya el papel de estas empresas mediante los discursos del trabajo y la transición energética; pero realmente se apuesta por destruir y esquilmar el territorio, así como de los modos de vida dependientes de este.

Los ciudadanos que hemos alegado denunciamos la utilización de una Ley de Minas pre-democrática que incentiva la compra-venta de derechos, proyectos y autorizaciones, con el servilismo administrativo de los gobiernos autonómicos y el activismo especulador de especialistas internacionales mientras que, al final, son las comunidades locales, la economía rural y el entorno natural los grandes damnificados de esta nueva minería.

Por último, queremos poner de manifiesto entre el hecho que la Junta de Extremadura alarde de su interés por la Estrategia de Economía Verde y Circular y la aprobación de estos proyectos que ponen en peligro el medio ambiente y recursos de bienes escasos como el agua y una forma de vida«.