Las familias de la Sierra Norte luchan para que no se 'olviden' de sus hijos

Veintiún años. Esa cifra, que invita a muchos jóvenes a soñar con una nueva vida, a emprender nuevos retos e ilusiones, supone para otros una quimera de problemas y quebraderos de cabeza. Veintiún años, para los usuarios de Plena Inclusión Llerena pertenecientes a la Sierra Norte sevillana, se transforman en el mayor de sus problemas.

Esto no es nuevo, pero el asunto ya quema y cansa a los protagonistas de esta historia. Son ellos los que no duermen, esperando soluciones, comunicados de reuniones que parecen que llegan a algo, y se quedan en papel mojado o llamadas falsamente anunciadas a teléfonos que no suenan.

Las vicisitudes comenzaron hace algo más de cinco años con unas polémicas inspecciones de educación andaluzas y la entrada de una nueva normativa que cambiaría la forma de repartir plazas. Los familiares se encontraban con la noticia de que no iba a haber continuidad asistencial en Plena Inclusión. Estas no vinieron solas, puesto que en 2016 también aparecieron varias limitaciones en escolarización educativa de los usuarios de la Sierra Norte. Por suerte, esto último se consiguió 'enderezar'; pero los alumnos que cumpliesen los veintiún años y que no fueran extremeños, se verían obligados a abandonar su plaza en Llerena en los cursos inmediatos.

Para intentar atajar el problema se recurre al SEPAD. Los históricos consiguen su plaza y, los que no gozan de esta preferencia, reciben el ultimátum. «De la misma manera que se paga el coste de cuatro o cinco andaluces, Andalucía podría asumir el coste de los servicios para los usuarios de la Sierra Norte», señala Cristina Ruíz, gerente de Plena Inclusión Llerena: «Cuando tienes una discapacidad, te cuesta encontrar tu sitio; ahora bien, cuando uno se siente a gusto, llegan a los veintiuno y se topan con que tienen que volver a casa sin ninguna perspectiva. Ellos han encontrado aquí su sitio, están a gusto, con sus círculos de amistad y no quieren perder ese vínculo».

Cristina se muestra empática con el tema. Pero por mucho que quiera, no depende de su voluntad, si no de la clase política: «Creo que no están difícil solucionar el tema si ambas comunidades ponen de su parte. A nivel político no se ha puesto todo el interés necesario para solucionarlo». Siente que el asunto se está calificando de «minoritario», y por eso no urge su resolución a los altos cargos.

Plena Inclusión cuenta actualmente con más de 150 usuarios. De ellos, seis pertenecen a la Educación y tres a Formación Profesional.

El problema surge cuando terminan esta etapa educativa. Los jóvenes no pueden seguir en el Centro Ocupacional o de Día (las dos posibilidades que se ofrecen) y se ven obligados a volver a sus pueblos de origen, despojándolos de sus raíces, como nos cuenta Manuela, una de las madres que verá como su hija abandonará el centro: «hay un desarraigo de la familia… de los suyos».

Las soluciones: hoy por hoy, el empadronamiento de los vecinos sevillanos en Llerena. Por la parte política: un acuerdo entre comunidades que no llega. En Extremadura José María Vergeles, consejero de Sanidad y Servicios Sociales afirmó no tener inconveniente para realizar un acuerdo que pueda beneficiar a los integrantes de Plena Inclusión. Pero aquí nadie termina de hacer nada.

«Es una necesidad imperiosa la regulación de un convenio que cree un sistema de colaboración entre las zonas limítrofes de ambas comunidades y garantice a todos los ciudadanos con discapacidad el régimen de igualdad de acceso a estos recursos», cuenta Mercedes, trabajadora social del centro, que desempeña su labor acompañando a las familias, las sufridoras, ayudándolas a generar un cambio positivo en sus vidas. Su visión es primordial.

«Quedaron en decirnos que para último de año estaría solucionado a través de un correo electrónico». Todavía no tenemos respuesta, nos cuenta Manuela.

Andalucía realizó hace tiempo una Proposición no de ley aprobada en la Asamblea, y el 28 de noviembre mantuvieron su última reunión con Gloria Espinosa, directora de Dependencia de la Junta de Andalucía por Ciudadanos. Esta espera y falta de respuestas, no es nueva. En mayo de 2018, Encarnación Aguilar, del PSOE, les dijo que ya estaba todo solucionado, pero no fue así. Se «rieron» de ellos y ya no saben que pensar.

Las palabras «impotencia» y «rabia» abarcan gran parte de las expresiones de esta madre indignada.

Inmaculada, por su parte, tiene a Carmen en Educación con tan solo 16 años y solo quiere creer en que hay luz al final del túnel. Su ansiedad ante el desconocimiento es obvia: «A mí se me viene el mundo abajo al pensar en la cantidad de kilómetros que mi niña tendría que hacer», subrayando que se tendría que ver «muy necesitada» para dejar a su hija interna en un centro y verla solo los fines de semana. «No quiero pensar que pasaría si de aquí a cinco años esto no se soluciona».

Entre madres y padres unen fuerzas. Han creado una plataforma bajo el nombre de «Los olvidados de la frontera», un nombre que viene a recordar que los responsables, los encargados que tienen en su mano el poder de solucionar la situación, no piensan ni se preocupan lo que deberían de sus necesidades.

«Nos han tomado el pelo más de una vez, y hasta que no veamos los hechos no nos fiaremos mucho» menciona, antes de relatar una desgarradora anécdota: «Lo primero que me dice mi hija al bajarse del autobús es: 'Mamá, ¿mañana hay cole?' para asegurarse de que al día siguiente va. No quiero ni pensar en el día que me digan: 'se acabó, tu hija es andaluza y aquí no puede venir más'. Es muy fuerte, ¿cómo le explico eso a mi hija?»

A pesar de todo, hay una vía de escape. Aunque eso sí, temporal. Un extremeño pasaría, dependiendo de sus capacidades, al Centro Ocupacional o al Centro de Día, siguiendo con su rutina y su constante formación. Para los andaluces no. La FP de Alojamiento y Lavandería con la que cuentan en la entidad les ayuda a prolongar su estancia durante dos años más. Es aquí donde conocemos a Aroa, hija de Manuela, que más que frustración, lo que nos transmite es tristeza por abandonar a sus amigos: «No estoy de acuerdo con lo que está pasando. Los andaluces somos igual que el resto de Los españoles. Somos personas. Ahora tendré que irme a otro lado y empezar de cero». Le quedan los recuerdos, «buenas imágenes», como ella nos describe.

«Me tratan genial y estoy muy a gusto. Quiero seguir aquí, pero la situación es complicada y no sé si se solucionará», sentencia con la misma incógnita sobre su cabeza que todos los implicados.

Su compañero de clase, José, por su parte, se aferra a la distancia: «Por posibilidades, está más cerca Llerena. Y si se arregla esto, me quedaré aquí».

Cada alumno vive su propia situación particular, y cada familia trabaja para mejorar y despertar, más temprano que tarde, de este mal sueño. Cada uno hace lo que puede. Ahora mismo hay dos jóvenes que están fuera. Uno de ellos, Alexander, por desesperación, se ha mudado a Llerena viéndose obligado a empadronarse para poder seguir acudiendo a Plena Inclusión. Su madre incluso ha tenido que dejar su trabajo para cambiar de residencia.

Hay a quien le quedan todavía varios años para terminar la etapa educativa. Está quien la ha terminado y aguanta a través de la Formación Profesional y también quien ya está fuera y quiere volver a entrar.

La pelota está sobre el tejado de los gobiernos.

Ahora, la duda se cierne ante la inmovilidad de los políticos o tal vez la ineptitud para desempeñar trámites tan necesarios y vitales como estos. Trámites humanos que piden y requieren urgencia. Mientras tanto, estos olvidados en la frontera, incansables seguirán luchando por el futuro de sus hijos e hijas.